En siete meses de gestión del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) ha recibido ocho quejas de agresión en contra de periodistas. Lejos de tratarse de actos desde la delincuencia organizada, provienen del gobierno estatal, principalmente de autoridades de la seguridad pública.
Aún cuando el gobierno estatal se empeña en asegurar que los índices delincuenciales no son tan graves si se les compara con otras entidades, para representantes de medios de comunicación, la situación es clara y evidente: el crimen organizado ha trastocado la seguridad y con ello aumentan los riesgos para el ejercicio periodístico.
Sin garantías de seguridad, coaccionados por la clase política y expuestos a un clima de censura, crimen y espionaje, el oficio del periodista en Guanajuato es de alto riesgo.
Presionados y sin garantías
Arnoldo Cuellar Ornelas, director del periódico Correo, diario que ha recibido amenazas, afirma que a pesar de ser un caso aislado, el clima de violencia está perturbando todo: “En la medida que no sea combatido y se interrumpa la labor de los medios, la sociedad estará atemorizada y sujeta a la desinformación”.
Correo también ha recibido otro tipo de presiones, “de instancias de poder que en ocasiones nos advierten que ciertos temas no se tocan y se niegan a esclarecer la información”, indica Cuellar Ornelas.
El editor opina que con Oliva Rivera hay un retroceso en la transparencia: “No hay un compromiso real y la ciudadanía se ve afectada. La sociedad en su conjunto no lo debería permitir”.
Para el investigador y periodista, José Argueta, el hecho de que en el estado no se hayan dado mayores incidentes de inseguridad- al menos no de manera abierta-, no significa que se deba levantar la guardia.
“El ejercicio del periodismo en Guanajuato se está convirtiendo en algo muy difícil por el juego de influencias que limitan lo que se publica y es lo peor que puede pasarle a los medios independientes”, externó.
Argueta lamenta que los poderes públicos constituidos no permitan que la sociedad intervenga para hacer saludable la ventilación de los asuntos públicos.
Con todo, “en Guanajuato estamos a tiempo de crear los mecanismos institucionales que protejan no sólo al periodismo, sino el derecho de la sociedad a saber e influir en las políticas públicas”, anhela el periodista.
Argueta también ha sido intimidado: “He recibido amenazas veladas. Yo comparto la convicción de no pensar como mártires, sino como quienes ejercen una función, cuyo propósito es servir a la sociedad frente al poder”.
Frente a las coerciones, Argueta ha decidido no involucrarse en asuntos sobre el crimen organizado. “Mi materia ha sido la política y he sabido sortearla”, dice.
Verónica Espinoza Villegas, corresponsal de Proceso, juzga que con la intromisión de la delincuencia organizada en Guanajuato, el gremio periodístico es más vulnerable.
“Ahora es incipiente, pero muy clara la presencia de la delincuencia organizada a través del narcomenudeo. Probablemente no se quiera crear alarma entre la población, pero las señales son evidentes y los únicos que no las reconocen son las autoridades”.
La periodista explica que para aquellos reporteros que recaban esta información y contradicen a las autoridades que pretenden minimizar los actos delictivos, “los riesgos siempre serán comparables a los que corren compañeros en estados donde el narcotráfico prevalece”.
Espinoza Villegas también admite que aunque no de manera abierta, ha recibido presión de fuentes políticas de alto nivel: “En el caso de Proceso las amenazas se convirtieron en demandas y censuras de tipo comercial; siempre hay quien no entiende que el trabajo de un periodista es observar al funcionario con ojo crítico e informar a la sociedad sobre lo bueno y lo malo.
“Es en los momentos críticos cuando los periodistas deben exigir garantías de protección al derecho de la libertad de prensa y de expresión”, exhorta la reportera.
Por si no fuera suficiente, los periodistas no pueden acceder a un seguro de vida como cualquier ciudadano. Carlos Olvera, corresponsal del periódico Milenio, señala que por tratarse de un oficio de alto riesgo, las aseguradoras no otorgan seguros de vida.
“Esto refleja que cualquier actividad periodística se considera como de peligro y no solamente a quienes cubren temas del narcotráfico. Así sea estar frente a un micrófono o como reportero de la calle, no hay garantías, ni siquiera se respetan nuestros derechos humanos porque a veces valen más los intereses de algún medio”, describe.
Asimismo, Olvera observa que asesinar a un periodista ya es algo muy sencillo: “Lo mas fácil es decir que fue el narcotráfico o ni siquiera eso porque los casos de las investigaciones de los periodistas asesinados no avanzan y no se resuelven”.
Periodismo Fichado
El acto más reciente de represión en contra de periodistas ocurrió en enero pasado en Celaya, cuando el gobierno municipal realizó acciones de investigación y espionaje en contra de reporteros mediante el proyecto "Fichas Técnicas de Información".
A través de esta estrategia, el secretario particular del presidente municipal, René Mondragón Barragán, tiene acceso a todos los datos personales de cada reportero, fotógrafo y camarógrafo que cubra la fuente municipal a fin de identificarlos. La información en manos de la Secretaría Particular, incluye el nombre, edad, domicilio, estado civil e información privada como con qué tipo de vivienda cuentan, qué lugares frecuentan e incluso preferencias sexuales.
El alcalde Gerardo Hernández Gutiérrez aceptó que Mondragón estaba haciendo “análisis muy personales de cada reportero. A veces me interesa saber quién es el reportero, de dónde viene, qué piensa y para quién trabaja. Es normal porque yo los veo como parte del equipo de trabajo”.
Algunos panistas de la ciudad revelaron que el fichaje no solo incluía fotógrafos y reporteros, sino también empresarios, líderes de comerciantes establecidos y ambulantes y dirigentes de organismos, colegios y clubes de servicio. Además apuntaron que investigar y espiar a los periodistas era la única labor del secretario.
Ejecuciones de periodistas
Para Cuéllar Ornelas, “el clima de ejecuciones en el país, que está creciendo con Felipe Calderón, resulta alarmante porque va en contra de los medios que han informado puntualmente sobre la escala de delincuencia, pareciera un mensaje”, discurre.
El director del diario Correo califica como apremiante la respuesta del gremio periodístico y expone que “hay un clima de linchamiento en la medida en que más reporteros tienen acceso a asuntos que antes estaban velados a la opinión pública y tocan intereses que antes no se tocaban”.
Desde el 2000, ya son 34 los periodistas asesinados el país. Cuéllar Ornelas subraya que deben existir garantías de seguridad para el gremio: “Si queremos ser una sociedad democrática, la prensa debe tener garantizada la protección y su derecho a defenderse en tribunales”.
Por su parte, José Argueta asevera que el no esclarecimiento de estos casos contribuye a la descomposición del modelo democrático. “Se están ocultando factores reales de poder que quedan en la impunidad. Al atacar al periodista, se atacan las bases mismas de la sociedad”, reflexiona.
“Lo más grave son las razones por las que están matando a periodistas y la arbitrariedad de estos crímenes. Aquí el poder público nos queda a deber todo. Pues la inseguridad que vive el ejercicio periodístico es la más grave en los últimos 20 años”, concluye Argueta.
Publicado: Abril 2007 / Año 2 / No. 24
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