Los derechos humanos de las mujeres guanajuatenses no se respetan, asegura Ángeles López García, fundadora y asesora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez.
“Las mujeres se enfrentan a un gobierno que viola sus derechos. Manuel Vidaurri Aréchiga, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG), lejos de defenderlos, se ha entregado al partido en el poder”, dijo.
Para López García la falta de armonía entre las leyes locales y los estándares internacionales, la poca o nula representación de las mujeres en la administración pública, los feminicidios - 230 mujeres asesinadas en total de 1995 a la fecha- , la ausencia de un reglamento respecto al derecho al aborto por violación, la criminalización de la defensa de derechos laborales y la no tipificación del acoso sexual, reflejan que las mujeres no tienen acceso a la justicia.
“Por ello, está en entredicho la función de la Procuraduría”, enfatizó López García.
Uno de los casos más recientes es el de Haydee Garrido Castillo, quien en febrero pasado denunció al ex diputado panista Carlos Robles por presunto acoso sexual ante la PDHG y la Secretaría de la Gestión Pública.
“Nada pasó y estas dependencias sencillamente se hicieron a un lado”, expresó la activista.
La fundadora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez advierte que la lectura es que las mujeres no tienen reconocimiento legal, político o social: “No se le cree a las víctimas y el poder judicial promueve la impunidad. Por ello, las mujeres no tenemos confianza para acudir a las instituciones porque su actuar es de bajo perfil y de complicidad con el Estado”.
López García también subraya que hay una acción de ofensiva del estado de criminalizar cualquier protesta. “Como en Ciudad Juárez, organizaciones que defienden los derechos humanos son demandadas porque el gobierno dice que afectan su imagen y ahuyentan las inversiones”.
PDHG: Entreguismo
Fue a mediados de febrero cuando Haydee Patricia Garrido Castillo denunció públicamente al ex diputado del PAN, Carlos Robles, por presunto acoso sexual, quien también se desempeñaba como coordinador de Apoyos Sociales de la Coordinación General de Atención Ciudadana de la Secretaría Particular del gobernador Juan Manuel Oliva.
Más de un mes después, la Secretaria de la Gestión Pública respondió que no hubo tal acoso. A la par, el ombudsman Manuel Vidaurri Aréchiga declaró que al no ser ratificada la queja por la afectada, prácticamente se daba carpetazo al asunto.
La respuesta provocó la movilización de organismos no gubernamentales. El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez presentó en abril un informe sobre la situación de derechos en Guanajuato ante el secretario ejecutivo y el relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otras ONGs se unieron y enviaron un reporte a diferentes organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Right Watch, evidenciando el actuar de Vidaurri Aréchiga y del secretario de la Gestión Pública, Miguel Márquez Márquez.
“Buscamos que tengan un castigo ejemplar en términos de su función y de lo que no hicieron, que se denuncie en la próxima asamblea de Ginebra”, señaló Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro.
A decir de López García, los representantes de la CIDH se mostraron sorprendidos por la situación de impunidad que impera en Guanajuato y el papel de la PDGH, “que debería, por sobre todos los entes gubernamentales, defender los derechos humanos de los ciudadanos. Por el contrario el ombudsman está comprometiendo la autonomía y el organismo va al vaivén de los poderes políticos”, enfatiza la activista y agrega:
“Me parece que sí hay entreguismo y está perdiendo credibilidad por esos formalismos”.
La fundadora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez sugiere que de no continuar la investigación en el caso de Haydee, el gobierno mandaría el mensaje sobre que hay autoridades que no pueden ser molestadas. “Eso es muy grave para la institución”, reitera la activista.
Acoso Sexual Impune
López García revela que el 70 por ciento de las mujeres han vivido algún tipo de acoso sexual.
“Si realmente hubiera voluntad política, el gobierno del estado hubiera emprendido un programa en contra del acoso sexual en todos los ámbitos, no sólo en el legislativo. En este sentido, no hay ni voluntad política, instrumentos internacionales ni presupuesto”, lamenta la especialista.
En los dos últimos años más de veinte casos de acoso sexual llegaron al Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro. “La mayoría de las mujeres no quieren denunciar. Lo que hacemos es dar asesoría psicológica y emocional para que las mujeres puedan seguir adelante con su vida, pero a pesar de nuestra atención, las recomendaciones en derechos humanos en muy poco ayudan a las mujeres”, expone Verónica Cruz Sánchez, quien encabeza dicha asociación.
También afirma que la mayoría de eso casos son cometidos por funcionarios públicos: “Casi en su totalidad se trata de personalidades del gobierno estatal. Por eso se complican los casos, por las represalias en el entorno laboral y el asedio a las víctimas y a sus familiares”.
La defensora de derechos humanos señala que la mitad de las mujeres acosadas sexualmente fue obligada a renunciar, otras bajaron su rango laboral o se les congeló la plaza a fin de presionarlas para que optaran por renunciar.
“Tras el caso de Haydee tuvimos que haber salido todas las mujeres a exigir justicia porque en realidad estaba hablando por muchas. Todas sabemos que esto sucede en lo cotidiano”, expresa.
Asímismo, destaca que Centro Las Libres continuará con su labor pese a quien le pese: “Al Estado hay que advertirles que la sociedad sí está atenta a lo que sucede, que los casos existen, que la respuesta es brutal y masiva. Aunque no tengamos la capacidad ni los recursos para atender el problema en su totalidad, seguiremos construyendo alternativas para las mujeres, aunque el gobierno quiera aplastarnos con estos temas”.
Además la asociación brindará educación y atención específica para fomentar la denuncia y la prevención. “En Guanajuato se sigue diciendo: ‘no existe, no pasa’, pero queremos que los ciudadanos sepan que se trata de un delito y que se debe castigar. Los hombres deben aprender que no es lo normal y las autoridades, cómo atender el problema”, opina Cruz Sánchez.
Y es que la activista señala que las mismas autoridades que deben atender el problema legislando o aplicando los castigos, están involucradas: “Son al mismo tiempo los acosadores y eso deja a las mujeres más incapaces e indefensas. Por eso tenemos que organizarnos de manera muy estratégica”.
Luego de lo ocurrido con Haydee, las fracciones legislativas del PAN, PRI y PRD presentaron iniciativas referentes al acoso sexual; sin embargo, para Cruz Sánchez, lejos de ser beneficiadas, las mujeres podrían ser perjudicadas.
“Las tres propuestas están mal hechas porque ponen el acento en lo reiterado del acoso. A ninguna mujer le podrán dar la consignación de delito porque tendrán qué probar que efectivamente fueron acosadas. ¿Quién va a poder demostrar que ocurre de manera continua, de qué manera y cómo lo va a probar un Ministerio Público?”, se pregunta la defensora de los derechos de las mujeres.
La luchadora social enfatiza que frente a las autoridades, las mujeres no tienen credibilidad. “Lo que todavía no terminan de entender es que en el 2000 hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que el dicho de la mujer cobra relevancia en los delitos de índole sexual”.
Al respecto, Cruz Sánchez menciona que La Norma Oficial Mexicana en la Ley General de Salud reglamenta qué es el acoso sexual. “Entonces, los diputados o no saben nada, o no quieren saber nada”.
Referente al actuar del Procurador de los Derechos Humanos, la representante del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual y Reproductiva acusa que él jamás hará una recomendación que afecte al aparato gubernamental porque cuida de su puesto: ”No le importa el tema de las mujeres y en este asunto sabía que le correspondía actuar. En ningún caso relacionado con mujeres se ha involucrado y exige la ratificación porque sabe que toda la presión está encima de las víctimas.
“Todo lo que nos costó a luchadores y luchadoras que hubiera una dependencia protectora de los derechos humanos, se fue al traste. La sociedad ya no cree en la PDHG, y mucho menos en él, ahora hay que recomponerla toda”, enuncia.
La luchadora social asevera que la correlación de fuerzas no favorece la labor de las ONGs: “No esperamos nada de esas instancias, actúan desde su doctrina partidaria y sus creencias religiosas. Lo que nosotras debemos hacer es ‘mover el piso’ para que las mujeres entiendan lo que está pasando y formar conciencia”.
Desde esa perspectiva la activista aplaude la decisión de Haydee de hacer público su caso: “Un grupo de mujeres le enviamos una carta para agradecérselo. Le ofrecimos nuestro apoyo y entendemos su situación. Es una decisión personal y valiente bajo toda esa invasión a su vida privada. Al denunciar públicamente al ex diputado, pudimos intervenir y entrar a la discusión”.
Por ello Cruz Sánchez alienta a las mujeres para que exijan que se cumplan las leyes existentes y se haga justicia. “Sólo basta con que las mujeres expresen su disgusto frente a la actuación de las autoridades y denuncien”, reflexiona.
Publicado: Abril 2007 / Año 2 / No. 24
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