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GUANAJUATO  

Violencia de género impune

Nelly Orozco
Mientras en Guanajuato siete de cada 10 mujeres sufren violencia intrafamiliar, el gobierno de Juan Manuel Oliva ni siquiera reconoce la existencia del problema. La nueva administración, “ultraconservadora e incapaz” dice el Centro Las Libres.

 

 


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Eran alrededor de las 7 de la mañana del 13 de junio del 2005. Vecinos del callejón del Rosarito, en Guanajuato capital, encontraron el cuerpo de una jovencita. Se llamaba María de la Luz Hernández Morales, tenía 16 años de edad. La autopsia que le realizaron reveló que la joven recibió 46 puñaladas con arma punzo cortante. Entre 15 y 17 de ellas afectaron los órganos vitales.

A unos metros del cuerpo encontraron restos de marihuana. Pero de los posibles móviles y asesinos no se ha enterado la ciudadanía. Esto ocurrió hace ya más de un año y medio.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado, el 2006 cerró con 24 homicidios dolosos en contra de mujeres, cometidos en su mayoría por su pareja, familiares o conocidos. A diferencia del 2005, cuando se registraron 34.

Pero para Verónica Cruz, fundadora del Centro las Libres, además de las estadísticas, que califica como “muy fuertes”, hay una lectura mucho más preocupante, “porque no hay ninguna señal de este gobierno de decir que este problema se va a resolver o que les importa resolverlo o que por lo menos van a poner manos en el asunto. Hay una ley de violencia intrafamiliar que fundamentalmente habla de prevenir y eso no favorece para la problemática”.

En nuestro estado de cada 10 mujeres, siete están recibiendo violencia en sus casas, explica la defensora de los derechos de las mujeres. “Hay una ley que no resuelve, unos funcionarios pocos especializados, y lo peor, poco sensibles a la problemática.

“En general, el panorama es desolador, muy triste. Nosotras como mujeres y sociedad civil seguiremos exigiéndole al gobierno justicia para las mujeres, pero sobre todo tratando de hacer medidas mucho más fuertes”.

Herencia de Romero Hicks

Para Verónica Cruz uno de los principales problemas de los gobiernos es que funcionen por sexenios, sin tomar en cuenta la problemática social ya existente desde años atrás. En el asunto de los feminicidios en el estado, hay responsables directos, asegura la defensora.

“En los seis años de gobierno de Juan Carlos Romero Hicks la cifras aumentaron hasta 400 mujeres asesinadas por violencia de género, es decir, sólo por el hecho de ser mujeres, porque no cumplieron con el rol tradicional de la sociedad, su familia, sus maridos, sus parejas, los hombres esperan de ellas.”

La fundadora del Centro las Libres agrega que en los últimos seis años se han registrado 16 homicidios en contra de hombres, cometidos por sus esposas. La diferencia radica en que los hombres que asesinaron a su pareja, tras cometer el acto se suicidan o huyen. Las mujeres se quedan para enfrentar su responsabilidad. A esto habría que sumarle que las autoridades no siempre detienen al responsable. En el caso de las mujeres la justicia es pronta y expedita. Y de los 16 casos, expone Verónica Cruz, la mayoría ya fueron procesadas.

Cruz considera que el panorama es “todavía más negro” para las mujeres con la llegada de Juan Manuel Oliva al gobierno de Guanajuato. Señala que en el sexenio de Romero Hicks había funcionarios al frente de programas que no tenían la capacidad para estar ahí.

“Este nuevo gobierno entra en condiciones peores porque ni siquiera reconoce la problemática. Está poniendo gente más incapaz en los puestos claves para atender esta problemática, como en el Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), donde Luz María Ramírez Villalpando no reconoce la problemática, no sabe de ella y tampoco le interesa.”

La luchadora social cuestiona el papel que desarrolla la esposa del gobernador, Martha Martínez Castro, como presidenta del DIF estatal. “Es muy preocupante su posición frente a la familia única y tradicional, porque no está reconociendo que es justo en esta familia donde las mujeres están teniendo más problemas.

“Las mujeres de la familia tradicional son las que tienen que salir a trabajar, son cabeza de hogar, están desarrollando dobles y triples jornadas y además están siendo violentadas. Y no se reconoce eso ni hay intención siquiera de atender la problemática. Eso va a tardar muchos años y va a costar más vidas de mujeres.”

De acuerdo con datos del Centro Las Libres, Guanajuato se ubica entre los 10 estados con mayor número de feminicidios en el país. “A veces se coloca entre el tercero y cuarto y pareciera que estamos haciendo competencia.”

Considera que, por lo menos discursivamente, Juan Carlos Romero reconocía el problema aunque, señala, tampoco hizo nunca una política de género. “Pero el problema que tenemos con Juan Manuel Oliva es que tenemos en todo su gabinete a personajes de las fuerzas más conservadoras de nuestro estado, de los más retrógradas y de los más incapaces. Además él no tiene la mínima intención de hacer una política de genero”.

Para Cruz el mensaje más claro de lo anterior fue haber designado a Ramírez Villalpando al frente del IMUG. “Lo mejor que podemos hacer es pedir que le reduzcan el presupuesto: si va hacer tonterías que haga menos, que no haga. No podemos apostarle a este tipo de instituciones que se están radicalizando según los más conservadores y fundamentalistas ‘rollos’ morales y religiosos”.

Las facturas de la Iglesia

Para Verónica Cruz, el gabinete de Oliva cuenta con la “complicidad” de la de la iglesia católica. “La Iglesia le metió a la política en este estado, va a cobrar su factura y va a querer que avance su agenda, que consiste en el retroceso de lo que las mujeres hemos ganado.

“Lo que tenemos que exigir es cumplimiento de la ley independientemente de sus creencias y el aumento de presupuesto para la profesionalización de atención para este tipo de problemática.”

Pero si para Juan Carlos Romero las acciones de Verónica Cruz fueron incómodas, quizás lo serán más para Juan Manuel Oliva.

Durante febrero representantes de Human Rights Watch (HRW) visitarán la capital del estado para informar a la sociedad guanajuatense y a sus autoridades que el pasado 2 de noviembre del 2006 el organismo internacional entregó el máximo galardón concedido por HRW a Verónica Cruz por “activismo excepcional”, tras años de lucha por los derechos de las mujeres en su estado natal de Guanajuato. Es la primera mexicana que gana este premio.

Ese será sólo el principio. La activista ha sido invitada para participar en una reunión mundial de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Esto marcará el inicio de una gira por Europa durante los meses de octubre y noviembre con la intención de exponer la situación de los asesinatos en contra de mujeres, además pretende colocar como parte de la agenda internacional el tema del aborto como un derecho.

“Estamos documentando los casos para entregarlos a organismos internacionales. Nuestros gobiernos sólo así funcionan: cuando tienen regaños del exterior y cuando los escándalos se hacen en el nivel internacional.

Publicado: Febrero 2007 / Año 2 / No. 22



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