SuscripcionesContactoPublicidad Directorio Hemeroteca Mapa de sitio
GUANAJUATO  

Corrupción en el arranque del nuevo gobierno

Alfonso Machuca
Los primeros cien días de trabajo del gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, están marcados por escándalos de corrupción que involucran a su partido y ex colaboradores de su campaña política.

 

 


Publicidad

La tolerancia en los excesivos bonos “regalados” por decreto gubernamental a los funcionarios públicos; el hermano incómodo que mantiene como asesor en la Secretaría de Finanzas del Estado; la aprehensión de un líder sindical panista aprehendido por fraudes en las concesiones de taxis; el despido de un consejero en el Instituto de Acceso a la Información; la ausencia de resultados por parte de su equipo y la amenaza del “replaqueo” de automóviles, son sólo algunos indicadores del “inicio irregular” del sexenio olivista, resume el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en León, Aurelio Martínez Velázquez.

“Todo ha sido muy raro porque no es posible que primero se conozca el tremendo fraude que se hizo con los taxis y, de un día para otro, el perdón se conceda así como así y salga libre el acusado (Jorge Márquez Baca) sin mayor problema. Eso suena muy, pero muy extraño”, considera el líder de los empresarios.

Así de sorpresivos fueron los primeros días de Oliva.

Una tarde se conoce a detalle todos y cada uno de los fraudes que hizo un ex colaborador cercano al gobernador, y un mes después sale libre por el “perdón” que le dieron los acusadores. Nadie ofrece explicaciones.

A un mes de que Oliva llegara al poder, se ventiló el “fraude” en la repartición de taxis que realizó uno de los fundadores del Congreso General del Trabajo, una agrupación sindical vestida de azul. En tribunales se dijo que las irregularidades en el reparto de placas tuvieron como objetivo recaudar fondos para la campaña del ahora gobernador.

Para entonces, el monto del fraude ascendía a los 8 millones 755 mil pesos, según declaración del Procurador General de Justicia del estado, Daniel Federico Chowell Arenas.

En las averiguaciones previas, iniciadas en León, el funcionario agregaba que habría varias personas más involucradas en el fraude y que llevaría las investigaciones hasta las últimas consecuencias. No fue así. Antes de que concluyeran las investigaciones todo se había “perdonado”.

A pesar de que Jorge Márquez Baca no tenía 2 millones 500 mil pesos para pagar la reparación del daño ni 100 mil pesos más de multa, penas interpuestas por la Juez Único de lo Penal en Silao, Eloísa Rodríguez Ibarra, la ex colaboradora olivista pudo salir libre, impunemente.

Juan Armando Gómez Trejo, líder de la Coalición de Taxistas de Celaya, y Juan Iturriaga, dirigente del Sindicato de Taxistas 11 de Noviembre, de Irapuato, lo denunciaron por 2 millones 300 mil pesos.

Guadalupe Olivares, de la Asociación de Taxistas Manuel J. Clouthier; José Luis Guerrero, de la agrupación Supertaxi Línea Dorada, y de René Sánchez, de la Asociación de Taxistas Manuel Gómez Morín, interpusieron denuncia penal por un valor de 4 millones 900 mil pesos.

Alfredo Vázquez Delgado del Sindicato de Trabajadores de Autotransporte, Similares y Conexos de Irapuato 14 de Septiembre, y Arturo Mundo Salinas, también presentaron su querella ante las autoridades de la Procuraduría de Guanajuato.

Varios de los líderes de taxistas en el estado acusaron al líder del Consejo General del Trabajo del Estado de Guanajuato (CGTEG), la principal agrupación del PAN de Guanajuato, fundada en 1999 por el ex diputado Nabor Centeno Castro, de haberlos defraudado por miles de pesos.

La entrega de 847 concesiones nuevas para taxis, que el gobierno estatal operó mediante sorteo, no satisfizo a nadie. Ni siquiera a la central obrera panista.

Antes de ser destituido como dirigente, Márquez Baca se quejó de Romero Hicks porque “no cumplió con su compromiso”. Y luego de estar 30 días en la cárcel, fue puesto en libertad.

Además de este escándalo, la crítica durante los primeros cien días prevaleció luego de que se publicaran los excesivos bonos de fin de sexenio aprobados por el ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, y que Juan Manuel Oliva sostuvo al inicio de administración.

Cerca de 6 mil 449 trabajadores se repartieron los 75 millones 255 mil 225 pesos de “estímulos de productividad”, mejor conocidos como “bonos”.

Estos estímulos fueron repartidos entre los trabajadores de los niveles de sueldo 06 al 23 del tabulador general de sueldos del gobierno del estado, es decir, desde niveles de tomas de decisiones, directores de área, subsecretarios y secretarios de estado.

De acuerdo con la Ley de Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, el bono no podrá exceder de 15 días de salario; sin embargo para cada uno de los 6 mil 449 trabajadores, se calculó el pago de acuerdo con las metas programadas y cumplidas, labor que coordinó la Secretaría de la Gestión Pública y cada uno de los directores de área, según los informes oficiales.

“Yo creo que estos temas fueron muy ríspidos, aunque yo veo que el gobernador tiene ganas, interés y habilidad política; pero no toma en cuenta algunos asuntos, como la contratación de su hermano en la Secretaría de Finanzas, donde lo mete sin asesor sin haber tenido una trayectoria. Sólo porque fue ejecutivo en un banco”, cuestiona el líder de la Coparmex. “Pensamos que las cosas iban a cambiar, pero no”, agrega.

Para el analista político José Argueta, el sexenio de Oliva no pinta ningún tipo de tono que pueda cambiar lo que plasmó en su proyecto del “Libro Blanco”.

“Parece seguir en campaña y no acaba de empezar a gobernar. Puras salidas en falso, como las 40 mil becas; consignas secretas, como mandar a la congeladora la “reforma universitaria”, o acabar con la autonomía del Instituto de Acceso a la Información, y promesas de que no habrá promesas”.

Argueta señala que por lo que se puede observar de los primeros días de la administración de Juan Manuel Oliva, el político va a ser sólo un gobernador formal –de inauguraciones, inicios de cursos, banderazos en las competencias, primeras piedras, otorgamiento de bonos– mientras que otros son los que ejercen el poder real.

“Sin que los guanajuatenses seamos informados siquiera, ni sepamos cómo se les está transfiriendo el poder a un puñado de empresarios. El gobernador se ha convertido en el principal promotor del Instituto de Planeación. Y no sólo eso sino que ya lo está imponiendo con sus instrumentos, los consejos de competitividad, innovación, desarrollo económico y ordenamiento territorial.

“Oliva está yendo a los municipios a anunciarles que deben crear la dirección de planeación económica y urbana, para estar en sintonía con el Instituto de Planeación… No se entiende otra cosa que los municipios también serán sometidos al Instituto, mediante el fácil expediente de dar o quitar recursos, según se subyuguen o no”, señala Argueta.

Para el líder de la Coparmex, Aurelio Martínez Velásquez, el problema adicional que ha llevado a los empresarios a separarse cada vez más de Oliva es que el apoyo a los pequeños empresarios sigue igual de limitado, pues los “micropréstamos” están pensados para apoyar “changarros” de 5 mil y 15 mil pesos, y no para empresas más sólidas y con empleados.

“Es increíble que sólo en honorarios para lo del Tren Interurbano se hayan gastado 55 millones de pesos. ¿Acaso no hay gente capaz en el gobierno que pueda desarrollar esos proyectos y evitar un gasto tan alto?

“Necesitamos un gobierno eficaz. Con lo de las becas que se dieron y que mucha gente se quedó sin ese apoyo se demostró lo mal que estamos en educación.”

Pare el dirigente de los empresarios en León, el gobierno panista de Juan Manuel Oliva es “populista”. Incluso compara al gobernador con el ex presidente de México Luis Echeverría Álvarez, quien gobernó al país entre 1976 y 1982.

“Las acciones son meramente populistas, como en los buenos tiempo de Echeverría: sólo repartiendo dinero y asistiendo a inauguraciones. Es preocupante lo que pasa en Guanajuato. Debemos exigirle al gobernador que tenga un buen equipo, el mejor.”

En el análisis que hace el empresario sobre los 100 días de Oliva, resalta que el uno por ciento que propuso disminuir al gasto corriente es también sólo una medida de propaganda, pero no de fondo.

“Todos sabemos que tiene intereses de partido, pero prometió investigar lo de los taxis y se calló. Sólo se ha mantenido en sus giras y al final de cuentas, quedamos igual”, dice.3

Publicado: Enero 2007 / Año 2 / No. 21



Tu opinión:

Tu nombre:
E-mail

Escribe tu mensaje aquí:

Publicidad

Caricaturistas de Contralínea
De Actualidad

 

 

Publicidad

 

Avance Contralínea



En la República:  

Números atrasados
Publicidad:  






2005 Revista Contralínea Derechos Reservados CIMCOM
Av. Juárez 88, primero piso, desp. 110 y 111. Col. Centro, México D.F.
Tels: 9149-9802 /03 /05

Sitios Recomendados:
| Oficio de Papel | Revista Fortuna | Los periodistas | Fraternidad de Reporteros de México |

Responsable del sitio: Gonzalo Monterrosa Galindo